– La fuerte competencia vía precios existente en el mercado que le ha forzado a presentar presupuestos por debajo de su coste total, es decir, sin margen de beneficio y con la única esperanza de financiar parte de los mínimos costes de estructura que mantiene.
– La dificultad de conseguir trabajo en un sector dominado por los favores y regalos entre las constructoras y los subcontratistas, máxime cuando se trata de grandes constructoras españolas y pymes con las que contratan.
Pero lo realmente preocupante es cuando nos confiesa de la existencia de empresas competidoras que, periódicamente, y en intervalos de 4-5 años, cierran la sociedad dejando sin abonar las deudas de Hacienda, la Seguridad Social y algunos proveedores y trabajadores, y constituyen nuevas empresas con las que siguen trabajando dentro del mismo sector Y CON LOS MISMOS CLIENTES, esas grandes constructoras que se adjudican el 95 por 100 de la actual obra pública de este país.
Liberadas de un coste directo de producción en torno al 40 por 100 entre impuestos y seguridad social, estas empresas tienen un amplio margen de beneficio para intensificar la competencia vía precios y mantener intactos los privilegios de quienes tienen el poder de decisión en la adjudicación de los servicios subcontratados.
Y lo peor aún está por llegar. Si el Gobierno no persigue esta competencia desleal y apuesta por reducir la economía sumergida con el objetivo de proteger a las empresas y trabajadores que pagan impuestos y cumplen con sus obligaciones sociales, únicamente van a sobrevivir a esta crisis las grandes empresas con contactos en la Administración y los “piratas” cuya única finalidad en nuestra democracia es no pagar impuestos.
Así seguro que no se van a cumplir las previsiones de ingresos y los objetivos de déficit público.
